06 de julio de 2021

Ante los lamentables hechos políticos por parte del régimen Ortega-Murillo que lesionan la integridad humana, la igualdad y la libertad, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en sesión ordinaria N.º 61-2021 del viernes 2 de julio de 2021, por votación unánime, manifiesta que:

  • La evolución de los regímenes políticos y el desarrollo de procesos democratizadores en Centroamérica constituyen asuntos de primordial interés debido a que, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR) forma parte de una institución de educación superior latinoamericana, democrática y humanística, que promueve la formación académica crítica para contribuir con las transformaciones sociales necesarias para el logro del bien común. La igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra como medio para declarar convicciones filosóficas, religiosas y políticas, la libre expresión para garantizar el diálogo, la manifestación de ideas y opiniones, así como la coexistencia de diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, son parte de sus principios esenciales.
  • En abril de 2018 estalló en Nicaragua una masiva movilización ciudadana contra las políticas neoliberales del gobierno Ortega-Murillo, pese a que este movimiento arrancó desde inicios del año 2007, el autoritarismo se ha intensificado. El régimen ha respondido con una feroz represión dejando como resultado más de 300 muertos, centenares de personas presas por razones políticas y más de 100.000 personas movilizadas forzosamente a Costa Rica y a otros países.
  • Dentro de las consecuencias nefastas de la arremetida gubernamental se cuenta la vulneración del principio de la autonomía universitaria y con ello, la transgresión de la capacidad de algunas casas de enseñanza a seguir funcionando como conciencia crítica y fuente de conocimiento científico para la sociedad nicaragüense. Entre las personas asesinadas, apresadas, perseguidas y exiliadas cuentan profesores y estudiantes universitarios. Además, jóvenes ven violentado su derecho a la educación, truncada su formación académica y limitado su ejercicio ciudadano del derecho a una educación pública, libre de dogmatismos y prejuicios.
  • Recientemente, el régimen dictatorial de Ortega-Murillo, en su tenacidad de aferrarse al poder, realiza un nuevo giro represivo en el que cercena todavía más, los derechos humanos y las libertades fundamentales, criminalizando in extremis el derecho de asociación, la protesta y la participación política. Así, con fines a eliminar la libre competencia electoral, detiene a opositores al gobierno incluyendo personas precandidatas presidenciales, gente de partidos políticos de oposición, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, representantes de organizaciones no-gubernamentales y del sector empresarial, líderes estudiantiles y del movimiento campesino.
  • La participación en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegido son derechos humanos y consustanciales a una vida democrática. Es fundamental que el gobierno nicaragüense respete la institucionalidad y la expresión de la voluntad popular, permitiendo realizar elecciones auténticas, transparentes y supervisadas, ya que además de los políticos, otros derechos humanos se ven gravemente lesionados: vivir libre de discriminación, libertad de expresión, opinión, prensa, de asociación y reunión pacífica, así como, la libertad de tránsito. Restringir esas libertades conlleva atropellos que amenazan la sociedad civil en Nicaragua, poniendo en riesgo su estabilidad política y paz social a corto, mediano y largo plazo, lo cual afecta a Costa Rica y en general, a la región centroamericana.

Por lo señalado, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica acuerda:

  1. Demandar el respeto a los derechos humanos y al derecho fundamental de la ciudadanía y del digno pueblo nicaragüense de decidir de manera democrática, libre y transparente, su voluntad y futuro político.
  2. Condenar las acciones arbitrarias del gobierno de Ortega-Murillo destinadas a asesinar, secuestrar, desaparecer y encarcelar personas, que reprimen los derechos políticos, la libertad de pensamiento, expresión y de asociación.
  3. Demandar al gobierno nicaragüense el respeto a la institucionalidad y la expresión de la voluntad popular, permitiendo realizar elecciones auténticas, transparentes y supervisadas.
  4. Solicitar al gobierno de la República de Costa Rica que demande en los foros internacionales, la importancia de exigir al régimen Ortega-Murillo que: 
    • Cese, inmediatamente, la represión y la violación de los derechos humanos.
    • Libere prontamente a las y los prisioneros políticos, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas y otras personas detenidas y les restituya el libre ejercicio de sus derechos políticos.
    • Cumpla con todas aquellas garantías y reformas necesarias para que las elecciones de noviembre de 2021 se realicen bajo condiciones democráticas, libres y supervisadas.
    • Garantice, con respeto a su integridad personal y su libertad ciudadana, el retorno de la población nicaragüense movilizada, exiliada y refugiada.
    • Brinde las condiciones necesarias para un ejercicio amplio y desinhibido de la libertad de prensa, del acceso sin obstáculos a la información de interés público y el respeto a la independencia de los medios de comunicación.
  5. Instar a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y al Consejo  Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) para que convoquen a sesiones extraordinarias para manifestarse y desarrollar acciones tendentes a defender los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
  6. Solicitar al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otros espacios continentales de las disciplinas de las Ciencias Sociales, para que desarrollen diligencias en favor de las personas estudiantes, académicas y científicas de nuestras disciplinas.
  7. Solidarizarse con la población universitaria nicaragüense, la comunidad estudiantil y la comunidad de científicas y científicos sociales, quienes en correspondencia con los principios y naturaleza de las Ciencias Sociales, demandan respeto a la autonomía universitaria, procuran un régimen democrático para su país, promueven la paz, cultivan la plena libertad de pensamiento y la libre expresión de sus convicciones filosóficas y políticas, ideas, opiniones, visiones de mundo y, exigen la participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos.

 

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, director, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dr. Gerardo Hernández Naranjo, director, Escuela de Ciencias Políticas
D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía
M.Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia
M.Sc. Teresita Ramellini Centella, directora, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruíz, director, Escuela de Sociología
Dra. Rita Meoño Molina, directora, Escuela de Trabajo Social
Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dr. Sergio Villena Fiengo, director, Instituto de Investigaciones Sociales
Dra. Nancy Piedra Guillén, directora, Posgrado en Sociología, representante de los programas de posgrado, FCS-UCR
Daniela Martínez Castillo, representante estudiantil, Escuela de Ciencias Políticas
Hilgia Cortés Alvarado, representante estudiantil, Escuela de Antropología
M.Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora, Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI-UCR)

 

 

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